El Gobierno gallego inicia la tramitación del anteproyecto de Ley de la calidad alimentaria de Galicia con la pretensión de aprobarla este mismo año. Esta norma actualizará la Ley de promoción y defensa de la calidad alimentaria gallega en vigor desde 2005, con el objetivo de promover la calidad de los productos alimentarios que se producen, transforman o comercializan en nuestro territorio y buscar una nueva dimensión en el mercado. “Queremos dar a las personas consumidoras todas las garantías de que el producto pasó rigurosos controles de calidad”, explica al respecto el presidente de la Xunta. Galicia se convertirá así en la primera Comunidad Autónoma que regula una certificación de sostenibilidad para la producción alimentaria.
Algunas de las novedades que incorpora el texto son la creación de dos órganos de consulta y participación del propio sector: el Consejo Alimentario de Galicia y la Mesa de la Calidad Alimentaria Diferenciada de Galicia. También, la apuesta por la compra, la contratación pública verde de productos alimentarios con un impacto ambiental reducido o el establecimiento de un sistema de certificación de sostenibilidad; junto con el refuerzo de los controles y revisión del catálogo de infracciones y sanciones.
El conselleiro de Medio Rural, José González, explica que la nueva norma se adapta a los cambios experimentados en la producción y en la comercialización alimentaria, así como al aumento de las transacciones comerciales entre países, estableciendo medidas que buscan incrementar el control y las garantías para conseguir consolidar los productos gallegos en el mercado, al tiempo que se ahonda en el desarrollo local y en la creación de empleo. Además, detalla que la futura ley incorporará una regulación de las marcas de garantía para la promoción sectorial y una marca de garantía para la promoción de la producción alimentaria de calidad de Galicia, es decir, la sección alimentaria de Galicia Calidade. También criterios sociales y ambientales para la compra pública verde de productos, que priorizarán los producidos por cooperativas agrarias o por organizaciones con mayoría de mujeres o de personas con diversidad funcional o en riesgo de exclusión, así como los de cercanías. Al respeto de las funciones de control, infracciones y sanciones, se adecuarán a la realidad actual, incorporando las nuevas tecnologías para garantizar la máxima rigurosidad.
