Como se preveía, las diferencias manifestadas en las jornadas previas entre las diferentes administraciones en lo relativo a quién debería encargarse de tramitar las ayudas del segundo plan de rescate a la hostelería han provocado que la tercera reunión de las convocadas por el Clúster Turismo de Galicia finalizase sin acuerdo. Habrá ayudas, pero no un plan único encauzado desde una única administración.
La cantidad es la conocida estos días: la Xunta sube de los 50 millones iniciales a 75, aunque serán compartidos entre la hostelería y otros sectores afectados; las Diputaciones aportarán el 1% de sus presupuestos, hasta sumar 5,5 millones de euros y los Concellos aportarán una cantidad aún por definir que se situará entre los 15 y los 20 millones de euros. En el aspecto económico, el Clúster valora que en apenas cinco días se haya logrado que se dupliquen las ayudas al sector. “Llegamos a la mesa el lunes con una previsión de la Xunta de habilitar 50 millones para ayudas, y salimos hoy con unos 100 millones entre las tres Administraciones”, apunta su presidente, Cesáreo Pardal. Pero sí se lamenta de que no se haya logrado que el montante total se vaya a distribuir a través de una única herramienta administrativa “que garantice agilidad, simplicidad e igualdad de oportunidades en todo el territorio”.
Por su parte, desde el Gobierno autonómico, el vicepresidente primero y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo, Alfonso Rueda, y la conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, lamentaron que las diputaciones y la Fegamp no apoyasen que la Xunta fuese la ventanilla única demandada por “patronal, sindicatos, autónomos y representantes de otros sectores afectados, así como una buena parte de los concellos”, e insistieron en que el objetivo de la Xunta es ayudar cuanto antes porque “hay mucha gente que lo necesita y no podemos demorarnos más”. Las ayudas autonómicas se activarán en febrero “con menos requisitos, más rápidas, acumulables y complementarias con las recibidas en el primer plan de rescate y con el resto de los apoyos anti-covid del Gobierno gallego”, y su importe será mayor en función de los porcentajes de pérdidas acreditados por los solicitantes. Otra novedad será que los autónomos no tendrán que acreditar haber recibido la prestación por cese de actividad, y tampoco se les exigirá a las microempresas tener activo o haber pasado por un ERTE para optar a este dinero. Las líneas destinadas a autónomos y microempresas, así como una específica a los establecimientos hosteleros cerrados por las medidas sanitarias, serán compatibles entre sí y los perceptores de ayudas del primer Plan de rescate podrán volver a solicitarlas y, de cumplir los requisitos, recibirlas. Dichas ayudas serán extensibles a los locales que solo pudieron servir comidas y bebidas en terrazas y, ahora, enviar a domicilio.
Mientras, las Diputaciones de A Coruña, Lugo y Pontevedra consideran “insuficiente” el esfuerzo económico de la Xunta y rechazan la “falta de voluntad negociadora” de la Xunta al no aceptar que sean los concellos los que canalicen las ayudas. Las tres entidades provinciales hablan de que la “intransigencia” de la Xunta “hace que perdamos la oportunidad de articular un verdadero plan coordinado de rescate para la hostelería y salgamos con una línea más de ayudas de la Xunta con una cantidad claramente insuficiente. Perdemos un plan de 140 millones para la hostelería y turismo y salimos con una línea de ayudas de 75 millones para todos los sectores”, se lamentan.
El vicepresidente de la Deputación da Coruña, Xosé Regueira, destacó el “espíritu constructivo” con el que había acudido a la reunión, pero lamentó la falta de acuerdo. En parecidos términos se expresó el portavoz del Gobierno provincial coruñés, Bernardo Fernández, quien criticó “la falta de voluntad negociadora de la Xunta, que acudió a la reunión con la única idea de imponer su criterio”. Muy crítica también se mostró la diputada de Turismo de Lugo, Pilar García Porto, quien sostuvo que “la Xunta vuelve a demostrar que no cuenta para nada con la administración local. Solo cuenta con los concellos para imponerles cada vez más competencias impropias sin transferirles recursos”.
