Las soluciones anunciadas por la Xunta para intentar paliar la crisis de excedentes de la Ribeira Sacra parecen no contentar a todos. Al menos, así lo han manifestado desde el Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas (SLG-CCLL) que advierten de que el año 2025 “no empieza con el grado de compromiso requerido” por las autoridades “dada la gravedad de la situación”.
Los sindicatos vuelven a denunciar que sigue faltando “la medida fundamental” para los viticultores que no encontraron quien les recogiera la uva: “una ayuda directa en 2024 para paliar las pérdidas”, apuntan. Y relacionada con este tema, los sindicatos lamentan que la Xunta no haya convocado una mesa de trabajo en la que esté presente todo el sector, y en la que debería definirse la “hoja de ruta” para la DO. “Queda claro que se prometieron soluciones para desconvocar las movilizaciones del sector que nunca llegaron, y a principios de otro año se sigue sin tratar de manera integral y democrática, con interlocución de todas las organizaciones del sector, un plan completo para la crisis del sector”, se lamenta la secretaria xeral del SLG, Isabel Vilalba.
Con respecto a las últimas ayudas anunciadas –las relativas a la conservación del entorno paisajístico y la lucha contra la erosión de los viñedos en la Ribeira Sacra– los sindicatos se preguntan si va a ser una medida puntual o se aplicará todas las campañas porque “si sólo va a ser este año, podemos avanzar que poca incidencia va a tener en el futuro de la DO”.
Con esta medida, junto con las aprobadas en el pleno del Consejo Regulador el pasado 18 de diciembre -disminución de rendimientos, limitación de nuevas plantaciones e instar a la Consellería para que solicite la poda en verde- y la destilación de crisis de octubre “parece que se da por cerrada la crisis de excedentes de la Ribeira Sacra (…) pero estos parches van tarde y son insuficientes”, critican desde SLG-CCLL. Los sindicatos hablan de “aspectos controvertidos” como que la bajada de rendimientos no lleva consigo un “precio digno” de la uva o que las ayudas a la conservación del paisaje no están ligadas a las pérdidas por precio o a no poder vender las uvas sino a la superficie. “Es decir –concluyen– van a cobrar los mayores importes las plantaciones con superficies más grandes, aunque sean de bodegas o personas viticultoras que pudieron vender la uva sin problema”.
