El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha iniciado el trámite de consulta pública previa del proyecto de ley de agricultura familiar, al objeto de recabar la opinión sobre la misma de cualquier persona, entidad u organización antes de redactar el texto normativo. Será, según Luis Planas, una norma fundamental para el futuro del sector agroalimentario y para determinar las prioridades de las políticas agrarias y el tipo de explotaciones al que preferentemente deben ir dirigidas las ayudas nacionales y de la PAC. Por ello, el ministro señala que es importante el proceso de escucha y diálogo que se abre “para recabar las máximas aportaciones posibles y discutirlas con el conjunto del sector”.
El Gobierno es consciente de la función “estratégica” de la agricultura y ganadería familiares, ya que, por su asentamiento en el territorio, su capacidad para ofrecer alternativas de empleo a jóvenes y mujeres, y su positiva repercusión ambiental, es un “elemento clave” en la lucha contra el despoblamiento del medio rural y garantiza la cohesión social y territorial de las zonas donde se asienta.
La futura norma tendrá por objeto la definición e impulso de la agricultura familiar, a través de un conjunto amplio de medidas que podrían, por ejemplo, priorizar este modelo en las diferentes líneas de ayudas, facilitar el acceso a la titularidad de la explotación, a la financiación o a las nuevas tecnologías, además de fomentar el relvo generacional y visibilizar el trabajo de las mujeres en la actividad agraria. Todo ello siempre con respeto a las competencias y desarrollo autonómicos. Asimismo, se modificarán otras normas relacionadas con el sector, con el fin de lograr un desarrollo completo de este tipo de iniciativas, desde diversas perspectivas (titularidad compartida o mejoras en el sistema de arrendamientos rústicos, entre otras).
Recuerdan desde el Gobierno que tanto la Unión Europea como la Organización de Naciones Unidas se han mostrado a favor del modelo de agricultura familiar por ser facilitador de la sostenibilidad social y económica del entorno. En ese sentido, la ley hará frente a uno de los principales retos que tiene ante sí el sector agrario, el relevo generacional. Según los datos del último censo agrario (2020), el 41% de los jefes de explotación son mayores de 65 años.
