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“Satisfacción” en el seno del Clúster Turismo de Galicia por el “principio de acuerdo” alcanzado este lunes por la Xunta, las Diputaciones y la Federación Galega de Municipios y Provincias (FEGAMP), que supondría la puesta en marcha de un plan de rescate para el turismo y la hostelería “dotado con, al menos, 68 millones de euros”, informa la entidad. La reunión, convocada por el propio Clúster y largamente demandada por todas las partes, contó con la presencia del vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Turismo, Alfonso Rueda; la conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana; el presidente de la FEGAMP, Alberto Varela; el vicepresidente de la Diputación de A Coruña, José Regueira; el vicepresidente de la Diputación de Ourense, Rosendo Fernández y el diputado de Pontevedra, Carlos López Font. No asistió ningún representante de la Diputación de Lugo al no poder hacerlo de forma presencial.

Tras una “larga negociación” -indica el Clúster-, los asistentes acordaron volver a reunirse en la tarde del miércoles para tratar de cerrar un acuerdo que implique la creación de un fondo “dotado con al menos 68 millones de euros, de los que 50 serían aportados por la Xunta y el resto por ayuntamientos y diputaciones”, precisa el Clúster. El miércoles también se decidiría, en un principio, si los fondos son asignados desde una ventanilla única de la Xunta, opción preferida por el sector “porque la tramitación sería más rápida”.

Durante la reunión, el presidente del Clúster, Cesáreo Pardal, señaló que lo determinante no es quién tiene que asignar las ayudas y en qué medida pero “sí es necesario conocer ya hasta dónde puede llegar la aportación de cada una de las Administraciones y a qué deben ser destinadas las ayudas directas y el resto de medidas de carácter laboral, financiero o fiscal”. Lo que se debe evitar, según dijo el presidente del Clúster, es “que suceda como hasta ahora: cada Administración ha tomado sus propias medidas, que no siempre han sido suficientemente conocidas, y que no han tenido en cuenta lo que, al mismo tiempo, se estaba decidiendo en otras instancias”. El resultado -añadió- “ha sido un tanto caótico, y los debates públicos a través de los medios de comunicación sobre ‘quién ha aportado qué’ ha dado una imagen muy negativa de las Administraciones”. Lo que se necesita –concluyó- “es coordinación en aras de la eficacia, y que se haga partícipe al sector los procesos de discusión y toma de decisiones”.

Pardal recordó que “cuando un sector estratégico atraviesa una dificultad, las Administraciones públicas acuden en su ayuda para minimizar sus efectos sociales y económicos. Todos tenemos en mente el ejemplo de la banca, que ha tenido que ser rescatada recientemente porque se la consideraba demasiado grande para fallar. Pero hay muchos más: la reconversión industrial, la reconversión naval, o las ayudas todavía vigentes en la Política Agraria Común, son ejemplos de intervenciones públicas ante distorsiones en sectores estratégicos”. En este caso -añadió- “la crisis ha sido provocada por decisiones tomadas por las propias Administraciones públicas”. En este sentido, señaló que el sector “asume y reconoce que las medidas sobre la movilidad y la relación física de las personas han sido y son necesarias”. Pidió a los responsables de las Administraciones presentes que reconozcan, a su vez, “que la asunción de esas medidas está provocando un agravio comparativo”.

Las diferencias entre las administraciones presentes, y que provocan que sea necesario seguir negociando, radican, fundamentalmente, en la cantidad que aportará cada una de ellas. El Gobierno gallego propone un fondo común en el que la Xunta aportaría el 50% (unos 50 millones de euros); las Diputaciones, el 30% y los Concellos, el 20%; mientras que las tres Diputaciones gobernadas por el PSOE-BNG apuntan a que la aportación debería ser del 1% del presupuesto de cada administración, con lo que se podría alcanzar la cifra total de 140 millones de euros.

 

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