Porque estar al día nunca fue tan fácil

Hace más de seis años que el legislador estatal aprobó la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas, por la que excluyó a las viviendas de uso turístico o VUT (denominación en Galicia) del ámbito de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, dejando en manos de las comunidades autónomas su regulación e inclusión como una subespecie dentro del alojamiento turístico. Es a partir de entonces cuando este producto se introdujo en la normativa autonómica, bajo la apariencia de decreto y, cual caballo de Troya, como un generoso e inocente regalo para el sector, fruto de la economía colaborativa.

Nada más lejos de la realidad. Basta con realizar un breve análisis de la situación actual para observar los efectos deformadores de las VUT sobre un escenario que, cuando menos y desde la óptica de la ordenación turística, resulta preocupante. Así, frente a la supuesta economía colaborativa nos encontramos con una economía sumergida que mueve millones de euros y no repercute en la sociedad sino en unas pocas empresas que no tributan en España; frente a la regulación del alquiler vacacional nos enfrentamos a una especulación del mercado que limita el acceso de los ciudadanos y las familias a una vivienda digna; frente a políticas de calidad dirigidas a la excelencia turística retrocedemos al turismo de masas, comunidad de vecinos y supermercado; frente al propietario particular y el alquiler por temporada emergen las sociedades mercantiles, a la sombra de figuras como las comercializadoras y los canales de oferta turística; y frente al control administrativo, nos asomamos a un colapso de la Administración turística que, a día de hoy, ha sido evitado gracias a la extraordinaria labor desarrollada por el personal encargado de su tramitación, más propia de héroes que de trabajadores al servicio de la función pública. Valga como ejemplo un dato: desde el 10 de mayo de 2017, fecha de la entrada en vigor del Decreto 12/2017, que regula las viviendas de uso turístico en Galicia y obliga a su inscripción en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas, solo en la provincia de Pontevedra hay inscritas más de 4.000 viviendas y otras 600 se encuentran en trámites de inscripción.

Mayor desazón, si cabe, produce el comprobar que las instituciones que gestionan la competencia y la jurisprudencia administrativa se han posicionado a favor de los de siempre; no tienen más que leer la doctrina fijada por la Sentencia de la Sala tercera del Tribunal Supremo, núm. 25/2019 de 15/01/2019 (fundamento jurídico 6º), que deja bajo mínimos el decreto aprobado por el gobierno de las Islas Canarias y pone en jaque uno de los dos límites previstos por los ordenamientos autonómicos, el de la prohibición de viviendas de uso turístico en el ejercicio de la competencia de planificación territorial y urbanística. El otro límite, en manos de las comunidades de propietarios, que pueden prohibir el uso turístico de las viviendas mediante la reforma de sus estatutos e imponer cargas proporcionales a sus titulares, ha sido también devaluado, esta vez mediante el Real decreto-ley estatal 7/2019, que impide a estos acuerdos desplegar efectos con carácter retroactivo.

Finalizo con unas propuestas, porque ‘habelas hailas’, a modo de paliativos para reducir los efectos perversos de este singular caballo de Troya que, no lo duden, ha venido para quedarse. En primer lugar, y dado que nos encontramos en el ámbito de la libre prestación de servicios, el legislador autonómico debería buscar e invocar razones imperiosas de interés general para proteger el contrato de alojamiento turístico frente al alquiler vacacional, de manera que le permitan prohibir en las leyes de turismo tanto el alquiler por habitaciones en las VUT, como la prestación de servicios adicionales por sus propietarios. Además, considero necesario limitar el número de viviendas por cada titular, tal y como hace, por ejemplo, la ordenación andaluza (máximo de dos viviendas por titular en un radio de 1.000 metros), con el fin de evitar que este producto abandone el terreno particular y se adentre en el campo de los apartamentos turísticos bajo la sombra del fraude de ley.

En segundo lugar, propongo la adopción de medidas de carácter positivo, como la clasificación de estos servicios de acuerdo a su verdadera naturaleza, es decir, dentro de las actividades económicas. Corresponde a las entidades locales la adopción de estos acuerdos para que sus titulares participen en el mantenimiento de los servicios públicos, extendiendo sus beneficios al conjunto de los vecinos, que son, a fin de cuentas, los que conviven con este fenómeno turístico. Es de justicia social, ¿no lo creen?

Joaquín San Martín Zamácola

 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies
Share This